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RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LOS PODERES; REFORMA Y ESTABILIDAD CONSTITUCIONAL
Maratón Constituyente Universitario

INTRODUCCIÓN

El 29 de enero de 2016 se llevó a cabo la reforma política constitucional que convirtió al Distrito Federal en la Ciudad de México, reconociéndola como una entidad federativa más y no un territorio dependiente del gobierno federal. Entre los principales cambios derivados de la reforma se encuentran: la facultad del ejecutivo local para designar al procurador y al jefe de policía; la transformación de las demarcaciones internas de delegaciones a alcaldías; y la creación del Congreso de la Ciudad de México, sustituyendo a la Asamblea Legislativa. Todos estos cambios con el fin de lograr autonomía presupuestal, de gobierno, de gestión y material.
Lo anterior plateó la necesidad de promulgar una constitución propia que definiera las relaciones entre distintos niveles de gobierno, debiendo normarse para minimizar conflictos con los poderes federales y demás entidades circunvecinas. En opinión de la mesa, dichas relaciones pueden ser, en un principio, difíciles y complicadas, especialmente por los conflictos de autoridad derivados del carácter de la Ciudad de México como sede de los poderes federales. Es por ello que el objetivo del documento es presentar un conjunto de propuestas concretas que faciliten la interacción entre la Federación y la Ciudad de México cuya jerarquía les permita estar dentro del texto constitucional.
Asimismo, la mesa busca prevenir modificaciones continuas a los contenidos constitucionales, tal como ha venido sucediendo con la Constitución Federal. Por lo tanto, se plantea un procedimiento normado para realizar cualquier modificación a la constitución, y a su vez, con suficiente flexibilidad para que le permita adaptarse en función de los cambios sociales trascendentes y los requerimientos ciudadanos.
Conforme al artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ciudad de México es la entidad federativa sede de los Poderes de la Unión, por lo que es la capital de la nación. Respecto del artículo 122 de nuestra norma fundamental dicha entidad federativa tiene la facultad para crear su propia constitución y hacer reformas de la misma en virtud de lo dispuesto en la fracción segunda del párrafo quinto del mismo numeral, siempre observando lo relativo al artículo primero del texto en cita. Asimismo dentro del apartado B del artículo en mención se obliga a la Ciudad de México a coadyuvar con los Poderes Federales en relación a sus funciones, ya que como se ha mencionado, es la capital y sede de los poderes de la Unión en relación al artículo 44 de la Constitución Política Federal.
En virtud de la estadía de los Poderes de la Unión dentro del territorio de la Ciudad, solo en casos graves en relación a las leyes secundarias que dicte el congreso federal, se podrá destituir al titular del órgano de seguridad pública de la entidad federativa, por lo tanto, su libre designación y destitución se queda reservada al Jefe de Gobierno.
De acuerdo con lo dispuesto al artículo 124 de nuestra carta magna las facultades de los funcionarios federales no establecidos en ella, serán competencia exclusiva de la Ciudad de México o Estado correspondiente. En relación al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación del su artículo primero, el texto constitucional así como los tratados internacionales que suscriba el estado mexicano con aprobación del Senado, y las leyes generales que emanen de ellas, serán la Ley Suprema de la Unión, armónicamente los instrumentos convencionales sobre derechos humanos tendrán la misma jerarquía y protección siempre y cuando no contravenga al texto fundamental.
Por lo que se refiere a los tratados internacionales la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 28.2 (Cláusula Federal) en donde la Federación se compromete a tomar medidas pertinentes para que en este caso la Ciudad de México se comprometa a que su legislación sea acorde con los Tratados Internacionales a los que se adhiere el Estado mexicano, como caso específico la CADH y el Pacto de Derechos Políticos y Civiles en su artículo 2.2, señala que cada Estado se compromete a tomar las medidas oportunas para dictar disposiciones legislativas para hacer efectivos los derechos establecidos en este mismo pacto.

MARCO TEÓRICO

El marco teórico del posicionamiento de la mesa denominada “Relaciones del Gobierno de la Ciudad de México con los poderes Federales y estabilidad constitucional” encuentra sustento en dos vertientes teóricas del pensamiento jurídico. La primera de ellas es la “Crisis del Imperio de la Ley” y la segunda es el “Constitucionalismo de principios o ductilidad del Derecho”. Lo anterior se refuerza a través de la afirmación de cuatro premisas fundamentales obtenidas en el ejercicio de discusión de la mesa. La primera de ellas nos dice que las constituciones contemporáneas son instrumentos legales que han abandonado la tradicional sublimación para posicionarse como una realidad normativa que representa todas las vicisitudes de la vida social del ser humano. La segunda indica que en la vida estatal se han acabado los señoríos del legislador infalible que expresa religiosamente la voluntad general, para dar paso a la participación episódica e integral de todos los actores de la vida pública, principalmente del juez. En tercer lugar, se halla la influencia de la supranacionalidad, fenómeno empírico de la racionalidad legislativa transnacional en pro de la configuración objetiva de un status quo de la naturaleza humana.
Por último, y como consecuencia de las tres premisas anteriores, la eventual fuerza normativa de las constituciones y la expansión de los principios, supuestos que sugieren que la constitución política es un código jurídico capaz de resolver problemas y fomentar un cambio social a gran escala; al mismo tiempo de que es la fuente de Derecho inagotable y dúctil que puede llevar a la vida jurídica cualquier juicio de la razón que favorezca el desarrollo de la vida del ser humano.
La interacción de ambas vertientes teóricas trae como conclusión que el constitucionalismo contemporáneo es la herramienta que tienen a su alcance las sociedades democráticas para potenciar su calidad de vida dentro de un ideal de desarrollo.
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