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INTRODUCCIÓN

El poder constituyente que dará vida a la Ciudad de México como comunidad política a través de su primera Constitución, se enfrentará a configurar un régimen de gobierno que responda a las demandas sociales, adopte las conquistas de la transición democrática e innove en su forma de gobierno, velando porque se logre un máximo alcance a los principios inherentes a una vida democrática.
Bajo este contexto, el Régimen Político tendrá como meta privilegiar la participación ciudadana, la profesionalización de la administración pública y la evaluación de los servidores públicos, así como la transparencia y la rendición de cuentas.
Las bases para la configuración del régimen de gobierno que se adoptará en la Constitución de la Ciudad de México se encuentran establecidas en el artículo 122 constitucional, del cual se desprende:
1.- Que la Ciudad será una entidad federativa que gozará de autonomía en lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa.
2.- Que la Ciudad adoptará en su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico.
3.- Que el poder público se dividirá para su ejercicio en tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

ALTERNATIVAS A NUESTRO RÉGIMEN DE GOBIERNO

En el marco del fenómeno que conocemos como transición política, que, en palabras de Sergio Aguayo, se trata del “proceso por el cual hemos ido -desmontando el régimen autoritario y construyendo uno más democrático” , la Constitución de la Ciudad de México enfrenta un panorama complejo, pues, en lo concerniente a su régimen de gobierno debe prever la posibilidad de que en nuestro sistema pluripartidista se dé un acomodo de las fuerzas políticas que genere ingobernabilidad, impidiendo la capacidad de la administración de crear consensos para la gestión de políticas públicas, así como la posibilidad de que las iniciativas de ley del Ejecutivo prosperen en un Congreso de oposición.
Ante este escenario, resulta fundamental “privilegiar los mecanismos institucionales para la construcción de acuerdos entre los Poderes federales Ejecutivo y Legislativo” , como bien lo apunta Francisco J. Burgoa Perea. Que pone de relieve, para el caso del Gobierno Federal se destacan dos propuestas:
1.- El Gobierno de Gabinete, propuesto por el jurista Diego Valadés, que se perfila a atenuar las facultades presidenciales para ampliar las atribuciones de control congresual, en donde exista un jefe de gabinete nombrado por el Presidente de la República y ratificado por el Senado, cuyas facultades se orienten a coordinar el gabinete y conducir las relaciones con el Congreso de Unión.
2.- El Gobierno de Coalición, a iniciativa del político Manlio Fabio Beltrones, consiste en la posibilidad de que el titular del Ejecutivo Federal opte por un gobierno consensuado por las diferentes fuerzas políticas en el marco de convenir las políticas públicas e iniciativas de ley que se llevarán al Congreso. Asimismo se caracteriza por sujetar a la ratificación del Senado a los secretarios de despacho. Dichas propuestas se deberán pensar en el marco del régimen de gobierno que queremos para nuestra Ciudad, si nuestro propósito es innovar en su forma de gobierno, se pueden tomar características e ideas de las diferentes propuestas que nos lleven a un Gobierno en donde encuentre asidero la diversidad política que existe en la metrópolis para el fortalecimiento democrático de nuestras instituciones, así como para garantizar un mínimo de gobernabilidad.

MODELO DE NUEVA GESTIÓN PÚBLICA

A nivel global los regímenes políticos con mayor calidad democrática en el ejercicio del poder político se distinguen por su nivel de gobernansa, ésta se acredita mediante su nivel de inclusión respecto de los diversos sectores de la población, destacando entre ellos a la sociedad civil organizada, al sector privado, al sector público y al sector social. En este marco el modelo de administración pública que ha funcionado, haciendo que tales condiciones prosperen, se conoce como la Nueva Gestión Pública, misma que David Hurtado Badiola la describe como “la descentralización de funciones en órganos más especializados y con cierto nivel de mayor o menor independencia, que proporcionan una mayor eficacia en la atención de los temas o actividades que el Estado considera que deben ser atendidos por organismos separados de la administración centralizada, ya sea por su importancia en un momento dado o por su especialidad o complejidad.”
Desde esta perspectiva, en una sociedad en que interactúan múltiples actores, las instituciones reducen la incertidumbre, aminoran los costos de transacción y facilitan la coordinación social. Douglas North (1993: 3) señala que el cambio institucional conforma el modo en que las sociedades evolucionan a lo largo del tiempo, de ahí que sea la clave para entender el cambio histórico. Mientras que Ronald Coase (1992: 713- 720) advierte que “sin instituciones apropiadas ninguna economía de mercado de cierta significación es posible”. Myrdal (1974) complementa diciendo que para explicar los diversos niveles de desarrollo de los países, “las actitudes e instituciones son más importantes que los niveles de ingreso por sí solos”.
Bajo este contexto, la Ciudad de México (CDMX) tiene el gran reto de configurar un régimen político con instituciones de vanguardia bajo el esquema de la nueva gestión pública, esto es, configurar un gobierno que se apoye en organismos dotados de independencia y autonomía respecto de la administración central, atendiendo tanto a la especialidad y técnica que requieren algunas tareas, como a su utilidad para generar un contra peso a la concentración de funciones administrativas.

EL RÉGIMEN DE GOBIERNO Y LOS SECTORES QUE COMPONEN NUESTRA SOCIEDAD

En la actualidad la tendencia que han tomado los Estados a partir de finales del siglo pasado e inicios del presente, es apoyarse más en el sector privado, sin menos cabo de desatender la función principal de éste, que es proveer de servicios públicos e impulsar el desarrollo de las condiciones de vida de toda la sociedad.
En ese sentido, han tomado mayor presencia en el foro nacional figuras jurídicas que conjugan la relación de los diferentes sectores que componen nuestra sociedad, como es el caso del sistema de planeación democrática a nivel federal, o las asociaciones público-privadas en todos los ordenes de gobierno.
En ese orden de ideas proponemos que la Constitución de la Ciudad de México adopte un régimen de gobierno que prevea un sistema de planeación democrática para fijar los objetivos de desarrollo de cada administración, y se fije metas alcanzables que integren la participación del sector público, del sector privado y del sector social. De este proyecto de plan de desarrollo local, vemos rescatable el hecho de incentivar la participación del sector público con el sector privado mediante concertaciones, como lo hace el gobierno federal, esto es para integrar a los particulares a que sumen esfuerzos para alcanzar los objetivos de desarrollo del gobierno de la Ciudad de México.

PROPUESTAS

En el marco de la Nueva Gestión Pública, la profesionalización busca el desarrollo, tanto de las personas como de las instituciones. Con base en esto se propone lo siguiente.
a) Identificar los campos de acción que permitan enfrentar los cambios a partir de la transición política de la CDMX, refiriéndonos específicamente al fortalecimiento de aciertos y la disminución de las deficiencias la gestión pública.
b) Trazar líneas de capacitación continua que no solo sean dirigidas a personal operativo, sino que absorban a los altos mandos. Ya que es importante que el conocimiento del marco normativo permeé a toda la institución gubernamental; la profesionalización del personal público resulta pieza clave en el proceso, al recaer en ellos el poder de decisión y gestión sobre los términos en que la información se abre a la sociedad.
Se reconoce que a pesar de la existencia aparente de derechos, aún es pertinente cuestionarnos sobre ¿qué produce la desconfianza de la sociedad hacia sus instituciones? Sin dejar de lado el tema de la corrupción, realmente la falta de conocimiento en la materia, trunca el correcto funcionamiento de los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información, entre otros (Torres-Sayago, 2016).
Finalmente, un Estado Democrático de Derecho no solo cumple con la organización de las relaciones sociales de un territorio, ya que como respuesta a distintas demandas políticas y sociales, absorbe dentro de sus responsabilidades la creación de un aparato crítico y participativo de sus ciudadanos, el cual establece su base para la creación de esas relaciones en la información que se encuentra bajo su resguardo, tan ardua tarea es realizada por medio de la integración de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información en su gestión, de no ser así, no podrá llamársele democrático a cualquier régimen político (Torres-Sayago, 2016).
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