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TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Maratón Constituyente Universitario

INTRODUCCIÓN

La naturaleza del término transparencia es en cierto sentido vaga. En el marco de la elaboración de un texto constitucional, vale la pena preguntarse: ¿qué es transparencia? El concepto en sí es dualista y sólo se comprende totalmente por la interacción de dos partes: por un lado, la transparencia es un precepto democrático que da lugar a la rendición de cuentas (mecanismo garante del sexto constitucional) y, en ese sentido, la materialización de un derecho fundamental. Por otro lado, la transparencia es también la obligación del funcionario público de garantizar una apertura institucional que contribuya a mejorar el vínculo entre ciudadanos y autoridades por medio de los mecanismos de acceso y solicitud de información, con el objetivo de atender los principales problemas públicos y las demandas de la sociedad.
Entendiendo como elementos fundamentales para el ejercicio de la democracia los de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas, concibiéndolos en su dualidad como derechos de los ciudadanos, derecho al acceso a la información, y obligaciones de las autoridades.
Observando el contexto actual e histórico de la Ciudad de México y bajo los principios de una ciudad abierta, aspirando al pleno desarrollo democrático de la Ciudad de México, surge la necesidad de contar con herramientas como transparencia y mecanismos como la rendición de cuentas.
El tema de transparencia y rendición de cuentas en la Ciudad de México debe armonizar con el recién creado Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia. Este tema no sólo concebido como parámetro fundamental para la adaptación del sistema regulatorio de la Ciudad de México, sino expandir su marco regulatorio.

CONTEXTO

La ciudadanía ha detectado un severo problema en materia de corrupción efectuado por la administración capitalina. En efecto, con la penetración de la corrupción y la impunidad en la actuación pública, y el reconocimiento de ambas realidades, los términos transparencia y rendición de cuentas adquieren mayor importancia. En vista de ello, es necesario seguir impulsando políticas públicas enfocadas a la transparencia y rendición de cuentas como mecanismos reguladores, seguimientos y evaluaciones del poder e instrumentos de sanción, los cuales adquieren un papel fundamental para la implementación de una democracia consolidada que rinda cuentas a la sociedad.

ANEXOS

Considerando indispensable que la nueva constitución de la Ciudad de México se adecúe a los estándares nacionales e internacionales, y valorando los esfuerzos de diversos sectores sociales para la conformación de los sistemas nacionales anticorrupción de transparencia, como expresión de la canalización de las demandas ciudadanas en políticas públicas en gobierno abierto.

MARCO LEGAL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

Del análisis del artículo 6 constitucional:
Es obligación del Gobierno de la Ciudad de México garantizar el acceso a la información. Con base en lo anterior, es derecho de todo persona buscar, solicitar, difundir información, ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, así como tener derecho al libre acceso de información plural y oportuna.
Referente al artículo 108 de la CPEUM y a la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC) se hizo un comparativo del cual se desprende que el concepto de la norma internacional es más amplio ya que este refiere:
Servidor o funcionario público, es “toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo; toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público, según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte”.
Respecto a las sanciones a los funcionarios y servidores públicos se desprende del artículo 109:
Las sanciones que tendrán el funcionario y servidor público que incurran en corrupción, así como aquel particular que busque corromper; serán:
  • Inhabilitación del cargo
  • Juicio de procedencia
  • Juicio político
Añadiendo también como una importante referencia el numeral 4 de la Ley general de transparencia y acceso a la información pública:
Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal, las leyes de las Entidades Federativas y la normatividad aplicable en sus respectiva competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta Ley.

DESARROLLO DEL POSICIONAMIENTO

Partiendo del hecho contenido dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señalado en su artículo 6º, en el párrafo segundo, que menciona que “toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”, la propuesta en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas tiene por objeto establecer, en primer lugar, los principios generales que servirán de base para reconocer los derechos de los ciudadanos, como regir las obligaciones de los servidores públicos.
En segundo lugar, se busca la creación de una Fiscalía Anticorrupción, una Auditoría Superior de la Ciudad de México y un Consejo Ciudadano, así como la reestructuración de la Contraloría General. Todo esto bajo el argumento que el mecanismo de rendición de cuentas debe contemplar tres etapas principales: revisión, investigación y sanción.
Por lo tanto, proponemos:
· Con respecto a la etapa de la investigación, se encuentra como principal ente de autoridad la Fiscalía Anticorrupción la cual se especializa específicamente en materia penal.
· La Auditoría Superior de la Ciudad de México es la encargada de la revisión de la cuenta pública de cada caso en concreto.
· Por último, en el tema de la sanción se propone una reestructuración de la Contraloría General para que de esta forma los casos de transparencia y rendición de cuentas sean más eficientes y eficaces.
Derivado de lo anterior será necesario contar con un Consejo Ciudadano capaz de elegir a los titulares de todos los órganos antes mencionados.
En tercer y último lugar, tenemos el desarrollo de mecanismos para una mejor difusión sobre el acceso a la información en materia de transparencia y rendición de cuentas, así como disminuir casos de clientelismo, corrupción y manejos inadecuados del gasto público, entre otros.
Derivado de la discusión de esta mesa, se optó por no abordar el diseño institucional en materia de transparencia y rendición de cuentas, ya que fue objeto de discusión de otros grupos de trabajo. No obstante, en términos generales fueron considerados los principios y mecanismos un deben ser incorporados en el sistema local de anticorrupción, en conformidad con el artículo 113 constitucional. Finalmente, se planteó la autonomía del Fiscal, Contralor y Auditor.

PROPUESTA JURÍDICA CONCRETA PARA LA CONSTITUCIÓN CDMX

TÍTULOX
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTASs
APARTADO PRIMERO
PRINCIPIOS GENERALES
Artículo XX.- La Ciudad de México reconoce el derecho de toda persona al acceso a la información, a la rendición de cuentas y a participar en las decisiones de gobierno.
Estos derechos se regirán por los siguientes principios: apertura gubernamental, transparencia proactiva, máxima publicidad, usabilidad y diseño orientado al usuario, claridad de la información y retroalimentación.
Toda la información en posesión del Estado es pública de oficio, exceptuando aquella relacionada a la seguridad nacional e interés general y aquella que contenga datos personales. Lo anterior no será oponible en casos de violaciones graves a los Derechos Humanos y casos graves de corrupción.
En su actuar, los servidores públicos deberán priorizar la utilización de herramientas de innovación cívica y el aprovechamiento de las tecnologías de la información, así como de los mecanismos y herramientas de gobierno abierto a su disposición.
APARTADO SEGUNDO
INSTITUCIONES
Artículo XX.- El Sistema Local de Transparencia y Rendición de Cuentas estará conformado por las siguientes instituciones: el Órgano Garante en la materia, la Fiscalía Anticorrupción, la Contraloría Interna, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Consejo de Participación Ciudadana.
Artículo XX.- La Fiscalía Anticorrupción será parte integrante de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
El titular de esta fiscalía será nombrado y removido por el titular de la Procuraduría. El nombramiento y remoción de la titularidad de la fiscalía en cuestión podrá ser objetada por el Congreso local con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.
Artículo XX.- El Órgano Garante será el responsable de garantizar el cumplimiento del derecho humano del acceso a la información pública y protección de datos personales.
Éste organismo contará con plena autonomía técnica, de gestión y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y su organización interna.
En la conformación del Órgano Garante, deberá asegurarse la profesionalización y especialización en la materia por parte de sus integrantes.
Artículo XX.- Será obligación del Órgano Garante informar de oficio a la Fiscalía Anticorrupción cuando éste advierta la posible comisión de actos de corrupción.
Artículo XX.- El Consejo de Participación Ciudadana se encargará del seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas.
Estará conformado por once personas que no tengan antecedentes penales ni administrativos, garantizando que en su conformación tengan participación los especialistas en la materia, la academia y la sociedad civil.
Los consejeros tendrán un carácter honorífico y durarán en su cargo cuatro años.
APARTADO TERCERO
MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS
Artículo XX.- Las sanciones y responsabilidades administrativas serán establecidas conforme a la legislación en la materia.
Artículo XX.- Todo servidor público, así como particulares que ofrezcan sus servicios profesionales a toda institución que ejerza recursos públicos, deberán presentar ante la Contraloría interna las declaraciones de interés, patrimonial y fiscal.
Estas declaraciones serán públicas, con las debidas previsiones para salvaguardar la integridad y privacidad de las personas.
Artículo XX.- El Estado deberá garantizar la privacidad, seguridad e integridad de toda persona que colabore en investigaciones y procuración de justicia de actos de corrupción.
Artículo XX.- El Consejo de Participación Ciudadana y el Órgano Garante se encargarán de implementar mecanismos de prevención de actos de corrupción y de garantizar la utilización eficiente y eficaz de los recursos públicos.
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mario mendoza 4/22/2016
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El grupo de la mesa de trabajo de “Transparencia y Rendición de Cuentas” favoreció en todo momento el derecho de acceso a la información, asi como innovar con nuevas herramientas y mecanimos de Gobierno Abierto.