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GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA
Maratón Constituyente Universitario

CONTEXTUALIZACIÓN Y MARCO LEGAL

CONTEXTUALIZACIÓN

De cara al mundo que se presenta no sólo como época de cambios, sino como un cambio de época, surge la oportunidad de redactar una constitución de vanguardia, en la que en su parte dogmática se prevea la necesidad de que el aparato gubernamental atienda de manera puntual las necesidades de las personas que habiten o se encuentren dentro del territorio de la CDMX.
La nueva entidad federativa en el marco del artículo 41 constitucional, tiene la posibilidad de generar una constitución que permita crear no sólo un Estado de Derecho, sino alcanzar el Estado Constitucional de Derecho, por lo que el nuevo pacto social, debe promover un combate frontal a la corrupción, ampliar el espectro de justicia cotidiana, reconocer y garantizar los Derechos Humanos y propiciar un clima que facilite la participación ciudadana el la toma de decisiones.
Es importante reconocer y resaltar que el ahora extinto Distrito Federal siempre fue caracterizado por ser pionero en el reconocimiento de Derechos para los individuos, por ello, en todo lo relativo a Derechos Humanos y sus Garantías, esta Constitución deberá retomar los antecedentes legislativos.
En nuestra sociedad existen personas o grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, lo que se traduce en la imposibilidad de que puedan ejercer de manera integral sus derechos, por ello la necesidad de crear mecanismos constitucionales y legales que garanticen las mejores condiciones para que puedan acceder a un desarrollo íntegro.
Por lo anterior, se propone sustituir la denominación “grupo vulnerable” por grupos de personas de atención prioritaria, toda vez que la vulnerabilidad es una condición y no la persona en sí. La condición de grupo de atención prioritaria surgirá como Política Pública del diagnóstico que realice el estado a través de los medios idóneos.
Bajo este contexto se presentan un abanico de oportunidades para que la constitución de la CDMX pueda otorgar condiciones equitativas a los grupos de personas de atención prioritaria.
Los grupos de atención prioritaria tienen su fundamento en las siguientes leyes y tratados internacionales, entre otros:
1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2.- Ley Federal del Trabajo (LFT).
3.-Ley Federal de Asistencia Social y su Correlativa del D.F.
4.- Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
5.- Ley General de Desarrollo Social
6.- Ley General para la Inclusión de las personas con discapacidad
7.- Ley General de los derechos de niños, niñas y adolescentes
8.- C111 Convenio sobre la discriminación en materia de empleo y ocupación (Ratificado el 11 de noviembre de 1961).
9.- Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
10.- Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.
11.- Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad.
12.- Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
13.- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU, 1966.
14.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
15.- Declaración Universal de los Derechos Humanos
16.-Objetivos de Desarrollo Sostenible.

DESARROLLO DEL POSICIONAMIENTO

La mesa debatió que no se existe como tal una categoría para definir a los grupos vulnerables sin ser excluyentes. Por lo que se dijo que se consideró que debe ser tomada en cuenta la posibilidad de llamarles “grupos de atención prioritaria”, porque se entiende que este término es incluyente así como general, sin que se caiga en algún caso de discriminación. Llamamos una “situación de vulnerabilidad” a aquella en la que se pone en riesgo o se quebranta alguno o algunos de los derechos pertenecientes a la esfera jurídica del sujeto.
Referente a las disposiciones legales consideramos que no deben tener un carácter limitativo respecto al marco jurídico. Esto es, que deben tomar en cuenta la dinámica social, así como las necesidades y exigencias emergentes de la población, de modo que atiendan a las anteriores y sean capaces de cubrir con el conjunto de garantías necesarias que brinden protección a la misma.
Actualmente vivimos en un momento histórico social en el que cualquier persona puede encontrarse en una situación de vulnerabilidad. Decimos que la persona se sitúa en un grupo vulnerable en el momento que sin importar sus condiciones sociales, económicas, psicológicas, culturales, etc. Se le quebrantan sus derechos y se le coloca en una situación de riesgo y desventaja para poder desarrollarse de manera convencional y tradicional.
Algo indispensable que la mesa consideró fueron las medidas educativas a las que todas las personas deben sujetarse para que se logre la prevención a los grupos vulnerables, en el caso de que se encuentren en una situación de vulnerabilidad, ya sea hacia su persona o hacia un tercero y que le sea posible conocer los mecanismos correspondientes sobre cómo actuar en esa situación.
Los gobernados son titulares de derechos y obligaciones, el Estado funge como garante de esos derechos. Por ello, el Estado deberá otorgar la protección necesaria a los grupos que se encuentran en una situación vulnerabilidad y garantizar el desarrollo integral de sus derechos.

PROPUESTA JURÍDICA.

Artículo 1.- El Estado reconoce que a lo largo de su territorio, existen personas o colectivos que se encuentran en situación de desventaja potencial o efectiva, por factores inherentes al grupo, o provocados por su relación con el entorno en el que se desenvuelven.
Esta Constitución reconoce la existencia de grupos en situación de vulnerabilidad que requieren de una particular protección de sus derechos, por parte del Estado, con el objeto de poder desplegar su autonomía en condiciones de igualdad con los restantes miembros de la sociedad, y no se vean reducidos, con menoscabo de su dignidad.
Las autoridades en el ámbito de sus atribuciones, deberán promover, respetar y garantizar el ejercicio de los derechos de los gobernados, mediante políticas públicas que lleven implícitos diagnósticos de las necesidades diferentes para cada uno de los colectivos que se encuentran en situación de desigualdad.
Artículo 2.- En la Ciudad de México las personas tienen derecho a ser protegidas y a fortalecer sus capacidades para hacer frente a las causas subyacentes de la situación de vulnerabilidad, bajo los principios de vida digna, reintegración social, igualdad y autosuficiencia.
Las autoridades deberán acatar estos principios, para el diagnóstico, diseño, ejecución, seguimiento, asignación de presupuesto y evaluación de políticas públicas dirigidas a los grupos de atención prioritaria.
La ley reglamentaria de este artículo establecerá las bases normativas y procedimientos, para que el Estado se coordine con todos los entes gubernamentales y las organizaciones de la Sociedad Civil, estableciendo los mecanismos específicos para contrarrestar la causa subyacente de cada grupo en particular.
La ley reglamentaria deberá incluir, de manera enunciativa, más no limitativa los grupos de atención prioritaria siguiente: niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con capacidades disminuidas, enfermos mentales, refugiados, personas con VIH o SIDA, personas en situación discriminatoria por motivos de razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, género, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, carácter físico, estado de salud, víctimas de la delincuencia organizada y personas en situación de pobreza extrema.
Bajo ninguna circunstancia se podrá negar servicio o prestación alguna a la que tengan derecho las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ni restringir el ejercicio de los mismos, cualquiera que sea la naturaleza de éstos.
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