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1. DERECHO AL VOTO

• Garantizar a los ciudadanos el derecho de salir a votar el día de las elecciones con la certeza y seguridad de poder presentarse en las urnas sin que el voto se les condicione o se les obligue a votar por intereses de un partido político.
• Sancionar a los partidos políticos que realicen actos de condicionamiento a través de los diversos programas sociales.
• Garantizar el Derecho a la Información de la ciudadanía para fomentar el interés colectivo en ella la participación en las elecciones con el propósito de alcanzar que el 100% de as ciudadanas y los ciudadanos ejerzan el derecho al voto en todo proceso de elecciones.
• Fomentar en las escuelas públicas y privadas desde temprana edad la participación ciudadana y el derecho a ejercer el voto.
• A partir de los derechos humanos, incorporar a las personas que están privadas de su libertad para que puedan ejercer el derecho al voto.
• Incorporar el sistema de voto electrónico que favorezca que en general la ciudadanía pueda realizar el ejercicio al voto.
• Garantizar el pleno ejercicio al derecho al voto de los grupos de ciudadanía vulnerables, personas adultas mayores y personas con algún tipo de discapacidad, dado el cambio demográfico que vive la población de la Ciudad de México.

2. DERECHO A SER VOTADO

El principio de representatividad, como uno de los principales pilares de la vida en democracia, prevé la necesidad de constituirlo como una garantía fundamental de los derechos político-electorales de los ciudadanos. Ello implica no sólo el derecho a participar a través de la emisión del voto, sino también, al acceso a ser votado.
En la actualidad, el modelo de democracia se ha complejizado, hoy en día la participación en comicios electorales no depende de la afiliación a algún partido político. La aparición de las candidaturas independientes incluye, además de la ampliación de la forma en que se accede a la contienda electoral, una nueva expresión de la representatividad. Por ello, y de conformidad al derecho a ser votado, las candidaturas independientes deben ser contempladas como un elemento más que requiere de dicha garantía constitucional, pero al mismo tiempo, se vuelve indispensable la definición de las bases a través de las cuales es posible hacer uso de ésta figura política.
Se hace imprescindible recordar, que el poseer derechos políticos también implica una serie de obligaciones o requisitos mínimos para efectuar el ejercicio de los mismos, por tanto, las candidaturas independientes no deben estar exentas de tal criterio bilateral. Para este caso, hablar sobre candidaturas independientes prevé la imperante necesidad de regulación, no con vistas a limitar la participación política a través de las mismas, sino de hacer efectivos dos fundamentos indispensables: la representatividad y la legitimidad de los participantes.
En el fundamento legal actual, sobre las candidaturas independientes, se establece como cuota mínima la recaudación y presentación de al menos 75 mil firmas, esto correspondiente al 1% del padrón electoral respectivo. Sin embargo, dicho requisito no considera la heterogeneidad de la población de las demarcaciones electorales, esto es, en cuanto al número de personas que cada una de ellas reúne. Debido a esto se vuelve imprescindible la reconsideración de este porcentaje.
Apelando a la representatividad y la legitimidad de quienes fungen como representantes de la sociedad, se considera la modificación de lo establecido en la norma hacia un modelo de representación proporcional, en el que el número de firmas se de en relación a las diferencias demográficas de las demarcaciones en la Ciudad de México.

3. ORGANISMOS ELECTORALES

Se propone que la elección del titular de la fiscalía para la atención de delitos electorales de la ciudadanía de México sea elegido por los ciudadanos, para garantizar que dicho funcionario sea objetivo e imparcial en su función de persecución de los delitos electorales.
Se propone además la creación de un organismo independiente y autónomo, a cargo de un ombudspersonae, quien puede fungir como un ente que emita recomendaciones no vinculantes en relación al desarrollo de los procesos electorales y la función de los organismos electorales. La rendición de cuentas de los organismos electorales constituye un eje rector de la democracia representativa, en razón de que los ciudadanos emiten un voto de confianza al elegir a un representante, quien debe ser transparente con el ejercicio de sus funciones. Asimismo verifique la transparencia de la actuación de los organismos electorales.
Consideramos es importante establecer el blindaje electoral como la obligación de los organismos públicos electorales para garantizar la adecuada función electoral y el adecuado uso de los recursos públicos destinados a programas gubernamentales. La prevención de los delitos electorales promueve la secrecía y libertad del voto en la democracia representativa y se considera un elemento fundamental para hacer valer el Estado Constitucional de Derecho.

4. GARANTIZAR EL DERECHO A LA ASOCIACIÓN LIBRE Y LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA

Creación y promoción de espacios y mecanismos para fomentar la participación ciudadana y la construcción de una cultura cívica y democrática, tales como:
• Inclusión de observatorios ciudadanos en procesos electorales que equilibren el número de observadores designados por partidos políticos.
• Inclusión de organizaciones de la sociedad civil en procesos de demanda de transparencia y fiscalización.
• Que se prevea la figura de la revocación de mandato para los cargos de elección popular (por una sola vez en todo el periodo y desde la mitad del periodo) mediante una solicitud de referéndum que se realice por el 5% del padrón electoral, sujeto a validación de firmas por el organismo público electoral local, y en caso de aprobación del referéndum revocatorio, este se organice a través de dicha autoridad electoral y, en consecuencia, se revoque el mandato del representante, si se obtuvo la mayoría absoluta de la votación válida.
• Definición y promoción de mecanismos de acceso al pleno ejercicio del derecho a la información de todo el proceso electoral.

5. VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES

Es un concepto que no está definido en nuestra legislación Mexicana, sin embargo es una práctica cotidiana durante los procesos electorales del país. Los casos de violencia política con elementos de género surgen en todos los ámbitos y es consecuencia de actos discriminatorios contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, ya sea una violencia física, psicológica, económica o de otro tipo. Por ello se propone que se regulen tipos penales y disposiciones que protejan a candidatas y funcionarias, a efecto de que estén en posibilidad de postularse con libertad a cualquier cargo público, sin que se vulneren sus derechos político-electorales.
Construir y fomentar la igualdad, la no discriminación y la no violencia en los espacios político electorales.
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daniel figueroa 5/31/2016
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