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DERECHOS DE LOS PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS
Maratón Constituyente Universitario

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO:

En el marco de las actividades del Maratón Constituyente Universitario realizado en el Palacio de Minería el día 15 y 16 de abril del presente año, para articular propuestas desde la comunidad universitaria hacia la redacción de la constitución de la Ciudad de México, y como parte de un proceso de ciudadanización, trascendental e histórico para la Ciudad y las personas que habitamos en ella; consideramos fundamental contemplar y reconocer los derechos tanto individuales como colectivos de los pueblos y barrios originarios de esta ciudad. Además, proponemos visibilizar y reconocer constitucionalmente la presencia de los pueblos negros-afromexicanos en el nuevo pacto social.
Se estima que en la Ciudad de México existen aproximadamente una población indígena de 333 428 personas que viven en 145 pueblos originarios: los cuales se enfrentan a situaciones múltiples de discriminación y marginación. Además, con las nuevos proyectos de desarrollo urbano se encuentran amenazados los espacios históricos culturales que en el transcurso de los años han detentado: tierra, territorios, agua, recursos naturales, medio ambiente y memoria histórica por mencionar sólo algunos aspectos.
La futura normatividad relacionada con la materia debe propiciar la convivencia y desarrollo de los habitantes de la nueva entidad federativa Ciudad de México, así como garantizar los derechos que están consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Convenios y Tratados internacionales ratificados por el país.

MARCO LEGAL:

Con fundamento en el artículo 2do de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas.
Es preciso decir que dichos aspectos, toman como base el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y organizaciones tribales en países independientes. En éste se establece el derecho de los pueblos indígenas a vivir y a desarrollarse como las comunidades distintas que deben ser respetadas a partir del derecho a la no discriminación y la búsqueda de su participación plena en la sociedad nacional.
De igual forma, refiere a las obligaciones que tienen los Estados para garantizar la integridad cultural, reconocimiento y respeto de sus derechos sobre tierras, territorios y recursos naturales que ocupan de manera histórica; así como las formas de organización, entre otros.
Además del Convenio 169, existen en el marco internacional de los derechos humanos principios mínimos de los derecho de los pueblos indígenas que deben de estar presentes en el proceso de la redacción del constituyente que hoy nos convoca, entre ellos se encuentra: el principio de no discriminación, el principio de autoadscripción, el de maximización de la autonomía, entre muchos otros.
Para ello, se recomienda tomar muy presente las normas contenidas en los Protocolos de Actuación emitidos por la SCJN , concretamente: Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas ; Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura .

DESARROLLO DEL POSICIONAMIENTO

Sí bien existen diferentes derechos que aluden a los pueblos indígenas, consideramos relevante puntualizar (con la finalidad de asegurar) los siguientes tres derechos básicos, puesto que en muchos textos e interpretaciones jurídicas encontramos una confusión entre conceptos.
1) Derecho de autodeterminación: Llamamos libre determinación a la autonomía de los pueblos para determinar sus formas de organización política, social, cultural y económica. En particular, el carácter político de la libre determinación se expresa en la posibilidad de que los pueblos puedan elegir a sus autoridades tradicionales mediante el sistema de usos y costumbres.
2) Derecho de la consulta previa, libre e informada: mientras menos regulada quede es mejor porque en realidad son los propios pueblos quienes tienen que organizar las consultas (ellos deciden las formas y los procedimientos) y el Estado sólo tiene que fungir como observador, cuidando que en su caso no se violen derechos humanos.
Elementos que debe integrar la consulta: a) La Consulta es de carácter previo: los juzgadores no pueden simplemente asumir que estas consultas han tenido lugar con carácter previo, deben verificarlo. b) No se agota con la mera información; c) Debe ser de buena fe; d) A través de instituciones indígenas (Los pueblos y no el Estado, son quienes deben decidir sobre quiénes los representarán); e) Debe ser sistemática y transparente.
A lo anterior, se debe agregar la obligación de obtener el consentimiento: cuando se trate de proyectos de desarrollo a gran escala, que tendrían un mayor impacto dentro del territorio indígena, el Estado tiene la obligación no sólo de consultarlos, sino también debe obtener el consentimiento previo.
Respecto a este punto conviene observar y analizar el caso del pueblo de Cherán. Resaltamos que derivado de la Controversia del caso, se logró que la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana en Michoacán incluyera el derecho a la consulta previa. Se consiguió que los resultados de la consulta sean vinculantes, lo cual es un enorme avance; igualmente, se hace notar que la redacción es general.
Siguiendo en esta línea, se debe tener presente la** relación del deber de consulta con derecho a la identidad cultural**. Para ilustrar lo dicho en la Corte Interamericana de derechos humanos se considera que el derecho a la identidad cultural es un derecho fundamental y de naturaleza colectiva de las comunidades indígenas, que debe ser respetado en una sociedad multicultural, pluralista y democrática. Esto implica la obligación de los Estados de garantizar a los pueblos indígenas que sean debidamente consultados sobre asuntos que inciden o pueden incidir en su vida cultural y social, de acuerdo con sus valores, usos, costumbres y formas de organización.
3) Derecho al territorio: hay que relacionarlo con los derechos colectivos y de afectación ambiental.
-No caer en la falta de vinculación entre la afectación ambiental con la importancia del territorio para los pueblos indígenas: Las autoridades deben tener en cuenta que los derechos territoriales indígenas abarcan un concepto más amplio y diferente que está relacionado con el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, con el control de su hábitat como una condición necesaria para la reproducción de su cultura, para su propio desarrollo y para llevar a cabo sus planes de vida.
-Principio de Impacto significativo: lo que se deriva de dicho principio es la obligación de tomar las medidas necesarias, a fin de evitar un posible daño ambiental y a la salud, cuando no hay evidencias científicas suficientes, para asegurar que dicho daño no será producido; y ello obedece a la lógica, de que es menos costoso, o más fácil, rectificar una medida ambiental que no produce un deterioro, que reparar el daño ambiental, ocasionado por una política pública, norma jurídica o decisión, que fue hecha sin la evidencia suficiente, que demostrara que una actividad no ocasionaba menoscabo a la ecología, porque de llegarse a tal escenario, es posible que la merma producida sea irreparable o irreversible.
-Sobre los sujetos: La interpretación que se hace de la normatividad de origen nacional e internacional en diversas ocasiones es errónea, ya que se ha afirmado que los pueblos y las comunidades indígenas, como sujetos colectivos, son titulares de los derechos que les han sido reconocidos por las normas internacionales y no únicamente a sus miembros. Cabe destacar que los pueblos y comunidades indígenas o tribales, cohesionados por sus particulares formas de vida e identidad, ejercen algunos derechos reconocidos por la Convención Americana desde una dimensión colectiva.

PROPUESTAS JURÍDICAS

Tomar en cuenta la posibilidad de incluir derechos innovadores en el nuevo pacto social, como pudieran ser:
La educación en lenguas nacionales de los pueblos y que incluya los aportes históricos que ha tenido este sector de la población en la construcción del nación mexicana. Derecho a la educación incluyente e inclusiva y sin discriminación.
El reconocimiento explicito de los derechos culturales, la memoria histórica e identidad de los pueblos de esta ciudad.
Reconocimiento del derecho a la consulta previa, informada, consensuada, de buena fe y vinculante de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México frente a los mega proyectos que atente contra la vida y el lugar que históricamente han habitado.
Los derechos de los afrodescendientes: la comunidad internacional reconoce que los afrodescendientes representan un grupo específico cuyos derechos humanos deben promoverse y protegerse. El racismo y la discriminación racial, tanto directos como indirectos, tanto de facto como de jure, siguen manifestándose en la desigualdad y las desventajas. Por tanto, tomar acciones o políticas públicas en esta temática, se inscribiría en el Decenio Internacional de los Afrodescendientes de la ONU, que comenzó el 1 de enero de 2015 con el tema “Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y desarrollo” y finalizara el 31 de diciembre de 2025.
Analizar a fondo el derecho a la identidad; el desarrollo del derecho al agua, entre otros… Además de que la redacción de la Constitución de la Ciudad de México se encuentre armonizada con los más altos estándares internacionales de derechos humanos respecto a la protección, garantía y reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de los pueblos y barrios originarios.
Armonizar el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas con el marco internacional de los derechos humanos y la legislación nacional.
Defender el derecho al desarrollo económico, social y cultural.
Incluir como parte del derecho al acceso a la justicia y el debido proceso la visión pluricultural, plurilinguistica y multiétnica en la Constitución de la Ciudad de México. Con la finalidad de que existen los medios adecuados para llevar el proceso legal conforme a derecho y que no se vean vulnerados los derechos de las personas originarias.
Contemplar dentro del plan de trabajo de las demarcaciones territoriales (Delegación-Alcaldías) un presupuesto económico totalmente independiente del Consejo, para los pueblos y barrios originarios del D.F, para que puedan decidir libremente y sin presión política en acciones concretas que consideren en beneficio de su localidad.
Cambio de nomenclatura del Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal al de Ciudad de México y que cuente con patrimonio propio y personalidad jurídica.
Reconocer el derecho pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas al derecho colectivo.
Que exista el reconocimiento del derecho colectivo de los pueblos y barrios originarios de la ciudad sobre el uso, disfrute de la tierra, territorio, agua y el medio ambiente sano.

ANEXOS:

Referencias que pudieran ser de utilidad:
Rosalva Durán Campos y otros vs. Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán Jurisprudencia 19/2014
COMUNIDADES INDÍGENAS. ELEMENTOS QUE COMPONEN EL DERECHO DE AUTOGOBIERNO.- De la interpretación de los artículos 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, apartado 2, inciso b), 4, apartado 1, 5, inciso b), y 8 del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; 4, 5 y 20 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se desprende que las citadas comunidades tienen derecho a participar sin discriminación alguna, en la toma de decisiones en la vida política del Estado, a través de representantes electos por ellos de acuerdo con sus procedimientos. En este sentido, el derecho de autogobierno como manifestación concreta de la autonomía comprende: 1) El reconocimiento, mantenimiento y defensa de la autonomía de los citados pueblos para elegir a sus autoridades o representantes acorde con sus usos y costumbres y respetando los derechos humanos de sus integrantes; 2) El ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, siguiendo para ello sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a efecto de conservar y reforzar sus instituciones políticas y sociales; 3) La participación plena en la vida política del Estado, y 4) La intervención efectiva en todas las decisiones que les afecten y que son tomadas por las instituciones estatales, como las consultas previas con los pueblos indígenas en relación con cualquier medida que pueda afectar a sus intereses. Así, el autogobierno de las comunidades indígenas constituye una prerrogativa fundamental, indisponible para las autoridades y, por tanto, invocable ante los órganos jurisdiccionales para su respeto efectivo a través del sistema de medios de impugnación en materia electoral.
Quinta Época:
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-9167/2011 .—Actores: Rosalva Durán Campos y otros.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán.—2 de noviembre de 2011.—Mayoría de seis votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Fernando Ramírez Barrios. La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.
LEY DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE MICHOACÁN.
CAPÍTULO SEGUNDO DE LA CONSULTA CIUDADANA A COMUNIDADES INDIGENAS (Reformado mediante decreto No. 564, publicado el 29 de septiembre de 2015)
ARTÍCULO 73. La consulta previa, libre e informada es un derecho derivado de la libre determinación de las comunidades y pueblos indígenas, en tanto sujetos de derecho público, y será regulada en los términos del presente capítulo y, en lo que no contemple éste, le aplicará lo dispuesto en los instrumentos internacionales de los derechos humanos de los pueblos indígenas, atendiendo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. La autoridad autónoma deberá consultar a las comunidades y pueblos indígenas mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones y órganos representativos propios teniendo en consideración además su cosmovisión. La autoridad autónoma en corresponsabilidad con la comunidad o pueblo indígena deberá realizar la consulta en todas sus etapas. Si así lo acuerda la comunidad, la consulta se realizará en su lengua. (Reformado mediante decreto No. 564, publicado el 29 de septiembre de 2015)
ARTÍCULO 74. La autoridad autónoma a solicitud de algún integrante de una comunidad indígena u órgano del Estado, podrá realizar una consulta previa, libre e informada a una comunidad o pueblo indígena a efecto de conocer su decisión sobre algún asunto en particular que afecte sus derechos. Las consultas deberán efectuarse de buena fe y de manera apropiada de acuerdo con los usos y costumbres o sistemas normativos de las comunidades y pueblos indígenas con la finalidad de llegar a un acuerdo acerca de las medidas propuestas a través de su consentimiento libre e informado. De llevarse adecuadamente la consulta, sus resultados tendrán efectos vinculatorios. (Reformado mediante decreto No. 564, publicado el 29 de septiembre de 2015)
ARTÍCULO 75. Para la celebración de la consulta previa, libre e informada, la comunidad indígena puede proponer, además de los medios que este capítulo contempla, algún otro que, derivado de sus usos y costumbres o sistemas normativos y de gobierno interno resulten más convenientes para los efectos requeridos. (Reformado mediante decreto No. 564, publicado el 29 de septiembre de 2015)
ARTÍCULO 76. En la realización de cualquier consulta previa, libre e informada la autoridad autónoma deberá observar los principios endógeno, libre, pacifico, informado, democrático, equitativo y autogestionado, garantizando en todo momento los derechos humanos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo y los instrumentos internacionales. Quedan excluidas aquellas costumbres e instituciones que sean incompatibles con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.
PRINCIPALES CRITERIOS JURISPRUDENCIALES INTERNACIONALES
Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79. Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146. Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones. Sentencia de 19 de noviembre 2004. Serie C No. 116. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Interpretación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2006. Serie C No. 142. Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008 Serie C No. 185. Corte IDH. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Expediente SUP-JDC-9167/2011) MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS SECRETARIO: FERNANDO RAMÍREZ BARRIOS. México, Distrito Federal, a dos de noviembre de 2011.
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memo diez 6/27/2016
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Los “ideales” de una sociedad inclusiva son un perfecto fracaso, son ambiguas y no claras, el sistema de usos y costumbres se debe de definir en la zona, pues en todos los territorios hay diferentes usos y no es correcto generalizar, se crea mas confusion, se debe de especificar en que zona o region se refieren dichos usos.
El problema no son las libertades ni la democracia, sino las personas que compran estos conceptos y los manipulan a modo. Se han vuelto un negocio y lo que permea en las conciencias es la no determinación, es decir, duda, no definas y déjalo que alguien más lo componga, creando un sistema de “mentes y temas” para darle gusto a todos y ninguno.
La definicion de “indigena” por desgracia, es tema de discusión y no atención, pues los mestizos que habitan en todo el territorio nacional tambien somos indigenas, los que habitamos en los pueblos originarios somos mestizos e indigenas, los territorios de los pueblos originarios han sido depravados con el cuento de la inclusion que no termina nunca. Si en verdad ya no hay espacio en la ciudad ¿como resolver el problema de los arboles frondosos y milenarios, que dan paso a calles, avenidas, construcciones, departamentos y llenar todo de concreto y asfalto y con esto el equilibrio ecologico ha sido gravemente alterado? La “autodeterminacion” en la ciudad de mexico historicamente ha sido ignorada por completo, y se refiere escencialmente al cuidado de la naturaleza, no de las conductas en otras zonas: miren como ejemplo a la delegacion iztapalapa que por decadas ha sido el patio trasero del df y de “seudo lideres sociales” que con el pretexto de una vivienda digna han saturado de departamentos y trayendo graves problemas: contaminacion, movilidad, identidad, tejido social descompuesto, adicciones,… Se debe proteger las zonas arboladas y definir perfectamente las areas naturales y recuperarlas, proteger los pueblos ante “ideas extrañas y extranjeras”, los pocos espacios que aun lucen hermosos y pulcros: jardines, bosques, microclimas…
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Luis 6/4/2016
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El sistema de usos y costumbres promueve prácticas en contra de los ideales de una sociedad inclusiva en la que se respeten las libertades civiles y la democracia.
Es importante promover que los miembros de comunidades indígenas tengan los mismos derechos que cualquier otro ciudadano, esto incluye que tengan las mismas responsabilidades tanto civiles como políticas.
Con el pretexto de la “autodeterminación”, en múltiples comunidades en México se violentan los derechos de las mujeres y los niños. Las comunidades indígenas deben gobernarse de acuerdo a los mismos principios democráticos que el resto del país.